La profunda crisis del agua en El Salvador en términos de calidad, cantidad y acceso es ampliamente reconocida y científicamente documentada. Esta problemática afecta a todos y a todas en nuestras vidas cotidianas, pero son los pobres quienes más la sufren, especialmente las mujeres y los niños.
Desechos tóxicos y metales pesados de la gran industria, químicos venenosos de las corrientes de agua lluvias agrícolas y aguas negras sin tratamiento contaminan más del 90% de nuestras aguas superficiales. A la vez, la sobreexplotación de mantos acuíferos genera escasez de agua para los ecosistemas y las comunidades en todo el territorio nacional.
La causa fundamental del problema es la ausencia de gobernanza efectiva del recurso hídrico por la carencia de políticas públicas y de una institucionalidad eficiente del Estado que regula este recurso tan esencial para la vida y el desarrollo sostenible de nuestro país.
En este contexto, la Iglesia católica junto con la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, la Iglesia Luterana Salvadoreña, la Iglesia Bautista Emmanuel, la Comunión Latinoamericana de Iglesias y la Iglesia Reformada Calvinista de El Salvador, comprometidas con los más pobres y los tradicionalmente marginados de nuestro país, unimos nuestra voz en clamor por la vida, la justicia, el amor y el respeto al medio ambiente, especialmente al agua: fuente de vida y creación de Dios para el bien de todos y todas. Reconocemos al agua como un bien público y Derecho Humano fundamental. Reconocemos también, bajo esta misma lógica, que es obligación del Estado (Gobierno Central), no del sector privado, garantizar el acceso a este vital recurso a toda la población de manera equitativa, eficiente y sostenible.
Por lo anterior, exigimos a los señores diputados y señoras diputadas de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático:
Que aprueben lo antes posible la propuesta de Ley General de Aguas presentada por el Foro de Agua y MARN en el 2012, respetando los 92 artículos ya acordados e incorporando la propuesta de Institucionalidad de la Iglesia Católica y la UCA.
A la vez, exigimos la urgente aprobación de la reforma constitucional reconociendo al agua como un Derecho Humano, propuesta presentada por la Iglesia Católica y el Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” y otras entidades.
No es posible que la Asamblea Legislativa siga insistiendo en privatizar institucionalidad del agua en El Salvador, cuando los demás países de la región y del mundo reconocen que es obligación del Estado manejar este recurso en beneficio de todos. Urge y por eso exigimos que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa en pleno atiendan el clamor del pueblo salvadoreño que por más de 12 años pide una ley de aguas justa que garantice ese derecho al agua a todos los salvadoreños y salvadoreñas; y que no se siga vulnerando el derecho de todos poniendo en peligro la salud el bienestar y la vida misma de las personas a causa de intereses mezquinos y egoístas de algunos. Debe prevalecer el bien común.